ISHR y sus aliados llaman la atención sobre la violencia contra las mujeres en Guatemala, la falta de independencia judicial en Honduras, y el aumento de asesinatos en contra de personas defensoras en Colombia.
En una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en su 34 periodo de sesiones el 22 de marzo en Ginebra, ISHR y sus aliados llamaron a Colombia, Guatemala y Honduras a combatir las violaciones de derechos humanos resaltadas en el informe anual del Alto Comisionado presentado el mismo día.
En cuanto a Guatemala, Helen Nolan de ISHR denunció el creciente número de ataques contra personas defensoras en el país. Entre los grupos más vulnerables destacan las mujeres defensoras y las personas defensoras que se oponen a las actividades de industrias extractivas.
Varios instrumentos han sido avanzados por el Gobierno, pero aún no se han convertido en acciones concretas, explica Edson Ademar de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
‘Mecanismos cruciales como la Unidad de delitos contra activistas del Ministerio Público y la Instancia de Análisis de Ataques cometidos contra defensores no cuenta con los recursos y personal para poder proteger a las personas defensoras,’ dijo Ademar.
En cuanto a los derechos de las mujeres en Guatemala, Sonia Acabal, representante de La Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), indicó que ‘el Estado ha tomado medidas administrativas, políticas y financieras para anular los avances que las organizaciones de mujeres y feministas han logrado después de arduas luchas.’
Por su parte, Giovana Lemus del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) señaló que a pesar de haber un incremento en las sentencias sobre femicidios, muchas veces la investigación no trata los hechos como violencia en contra de la mujer. El Estado ‘trata de minimizar y desjudicializar la violencia contra las mujeres. En 2016 murieron violentamente 711 mujeres. De ellas inferimos que 450 son feminicidios.’
La declaración también destacó la situación compleja en Honduras. La larga lista de peligros para las personas defendiendo los derechos a la tierra y del medio ambiente incluye coerción, intimidación, campañas de desprestigio, estigmatización, criminalización, amenazas y hasta asesinatos.
‘Llamamos al Gobierno de Honduras a tomar acciones rápidas y efectivas para proteger a esas personas y crear un ambiente propicio para su trabajo legítimo,’ declaró Nolan.
Los riesgos para las personas defensoras son agravados por la falta de independencia judicial y uno de los flagelos más profundos de la sociedad hondureña: la corrupción, explicó Heidy Alachán, representante de la Coalición Contra la Impunidad.
‘Los concursos para cargos judiciales siguen siendo una garantía ilusoria, y ahora se cierne sobre ellos la amenaza de una “depuración judicial,”’ dijo Alachán. ‘En este contexto de concentración de poder en el Ejecutivo y militarización, el sistema de pesos y contrapesos que es la base de toda democracia se ha debilitado en el país.’
Colombia, por su parte, está sufriendo un aumento severo en el número de defensores asesinados: de 63 en 2015 a 80 en 2016.
‘Esta situación indudablemente se asocia con represalias contra quienes apoyan el proceso de paz, estos hechos no pueden ser tratados como incidentes aislados,’ dijo Nolan. ‘Hay un nivel de impunidad tremendo e instamos al Estado a identificar las personas responsables para que rinden cuentas.’
La declaración completa está disponible aquí.
Photo: FlickR/US Mission in Geneva
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