News

28 Jul

Individuals who submit individual complaints to UN human rights bodies are at risk of harassment and reprisals. Treaty Bodies and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights must make use of all relevant resources to mitigate and counter those risks. 

28 Jul

Following a joint NGO letter, ECOSOC members call on the NGO Committee to fulfil its requirements and support NGO engagement with its procedures, including by meeting and hearing from civil society representatives.

28 Jul

Lire cet article en français ici

Time is pressing so let's go straight to the point: there is no other option for Cameroonian authorities than to promptly release human rights defenders Felix Agbor Balla, Dr Fontem Aforteka’a Neba and journalist Mancho Bibixy. That is, if Cameroon intends to live up to its international human rights commitments or at least show minimum regards to basic human rights standards. Because as we all know, arbitrary and lengthy detention of peaceful protesters is a major blow in the face of human rights. 

24 Jul

A joint NGO letter calls on ECOSOC members to ensure that its subsidiary body the NGO Committee supports NGO engagement and convenes at least one meeting with NGOs before each NGO Committee session.

26 Jun
Group photo of HRDAP17 participants

We look back at all that the 17 inspiring human rights defenders participating in our 2017 Human Rights Defenders Advocacy Programme achieved during their intense time in Geneva.

Las empresas pueden y deben aliarse con los defensores de los derechos humanos

02.02.2017

Las empresas globales y los activistas de derechos humanos a nivel de base pueden parecer una pareja muy extraña. Sin embargo, conforme se intensifican los ataques contra las libertades democráticas más básicas y el Estado de derecho alrededor del mundo, quizás tengan más valores e intereses en común de los que habríamos imaginado.

Sabemos que las empresas se guían por los resultados financieros. Si no quisieran aumentar sus ganancias, simplemente no existirían. Pero también sabemos (y muchos dirigentes empresariales se están convenciendo de ello) que el éxito a largo plazo depende de más que la simple generación de ganancias y está relacionado con una variedad de factores externos, como la transparencia, la certeza y la estabilidad. Y una licencia social para operar.

La incapacidad de comprender esta licencia social, y en particular de evitar los impactos de su trabajo en los derechos humanos y responder a ellos, ha causado que muchas empresas globales se encuentren, sin desearlo, en el centro de la atención. No era necesario llegar a esa situación.

El daño a la reputación y los riesgos operativos son costosos para las empresas. Dado que los defensores de derechos humanos (como los abogados, los sindicalistas, los líderes comunitarios o los trabajadores de las ONG) utilizan la promoción pública como una herramienta clave para el cambio, las empresas suelen cometer el error de verlos como factores adicionales que generan costos.

Sin embargo, las empresas deben considerar a los defensores de derechos humanos como aliados inestimables. Ellos son los canarios en las minas de carbón, que indican cuando los fallos de gobierno se convierten en verdaderos riesgos financieros, legales y de reputación para las empresas. También son los testigos de los abusos que cometen las empresas contra las comunidades y el medio ambiente.

Debido a esto, el trabajo de los defensores a menudo hace sentir incómodos a los actores en el poder, tanto estatales como no estatales. Se les ataca con leyes y políticas para reprimir sus actividades y enfrentan intimidación y amenazas a su trabajo y a su vida.

Sin embargo, sin el trabajo de los defensores, las sociedades y las economías enteras salen perdiendo. Y eso significa que las empresas pierden también.

Consideremos el ejemplo del colapso de la fábrica de Rana Plaza el 24 de abril de 2013 en Bangladesh. Al fin de la jornada, el mayor accidente industrial en la época contemporánea provocó la muerte de 1,129 trabajadores. Las marcas multinacionales con proveedores en Bangladesh sabían desde hace mucho tiempo que el gobierno tenía poca capacidad, y menos voluntad, para hacer cambios importantes: contratar y capacitar inspectores laborales, actualizar los códigos contra incendios y remodelar los edificios para que los cumplieran, etc. También sabían que las autoridades y los socios comerciales locales habían emprendido una supresión activa de los sindicatos laborales y de los trabajadores que intentaban hacer oír su voz. Según las opiniones de muchos, de haberse escuchado estas voces, la trágica cifra de muertos no habría sido tan alta.

Para los defensores que intentan responder a estos problemas en la práctica, se trata, en un sentido muy real, de un asunto de vida o muerte. Basta con preguntarle a Laura Cáceres, quien habló en el Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU de este año en honor a su madre. Berta Cáceres fue asesinada a balazos en marzo del año pasado en Honduras por su trabajo en defensa de las comunidades campesinas contra las violaciones vinculadas con la presa de Agua Zarca.

La respuesta mundial al caso de Rana Plaza puso en marcha un esfuerzo prolongado por parte de los principales socios comerciales (y sus países de origen), los EE. UU. y la UE, así como la OIT, a fin de aumentar la coordinación y adoptar un enfoque estructural para mejorar los derechos laborales en Bangladesh. El Acuerdo de Bangladesh es un acuerdo multilateral en el cual los trabajadores y los sindicatos tienen el mismo peso en la mesa de negociaciones que el gobierno y las empresas con el objetivo de mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y la capacidad de expresión de los trabajadores. La muerte de Berta Cáceres provocó que el Estado finlandés y el fondo holandés de pensiones FMO se retiraran del proyecto. También volvió a centrar la atención de los Estados, las organizaciones de desarrollo y la ONU en el continuo acoso que experimentan los defensores en Honduras.

Estos casos muestran que el sector empresarial puede marcar una diferencia. Tiene una capacidad única para crear, mantener y defender espacios para la sociedad civil a través de tres herramientas: la influencia, el liderazgo y las alianzas.

¿Cómo funcionan estas herramientas? Pongamos como ejemplo a un gobierno que está elaborando una ley que pretende reducir el espacio de operación de las ONG. Además de que iría en contra del derecho internacional, esta ley también cerraría canales que permiten a las empresas beneficiarse del trabajo de las ONG, ya sea mediante la implementación de proyectos comunitarios o la ayuda para capacitar trabajadores. Así que, ¿cómo podrían responder las empresas?

Pueden utilizar la influencia que les otorga su acceso, sus relaciones personales y su participación en el mercado para contrarrestar los impulsos autoritarios. Por poner solo un ejemplo, cuando 30 marcas y sindicatos globales se unieron para hablar en contra de la dispersión violenta de las manifestaciones y la detención de activistas en Camboya en 2014, además de lograr que se liberara a los activistas, el problema subyacente del salario mínimo ocupó un papel protagónico en las negociaciones entre las marcas y el gobierno.

Las empresas, y en particular las empresas progresistas, también tienen que ejercer liderazgo. En 2015, Adidas publicó una declaración de política con respecto a los defensores de derechos humanos que sin duda sentó precedentes, con lo que estableció un compromiso en toda la empresa de alzar la voz en defensa de las libertades fundamentales en sus países proveedores. Cuesta mucho trabajo que una empresa asuma este papel de liderazgo, especialmente cuando sabe que las ONG estarán muy atentas para ver que estas políticas se lleven a la práctica. Pero colocar el listón en alto resulta atractivo para los consumidores y puede desencadenar una carrera para llegar a la cima.

Por último, las empresas tienen recursos. Aliarse directamente con las ONG puede ser polémico, y las empresas necesitan escuchar y atender las inquietudes sobre la cooptación y el encubrimiento. Sin embargo, el entorno mundial para los mecanismos tradicionales de financiamiento cada vez es más tóxico. De acuerdo con los expertos de la ONU y los principales financiadores, casi una centena de gobiernos han impuesto límites a las operaciones de las ONG, incluida su capacidad de aceptar financiamiento extranjero (particularmente de otras ONG). Para la supervivencia económica de la sociedad civil, buscar el apoyo de las empresas puede ser una alternativa viable; siempre y cuando sea en igualdad de condiciones y existan límites claros para mantener la independencia.

La sociedad civil necesita espacio y protección para realizar su trabajo. Ayudar a garantizar este espacio y esta protección no solo es un imperativo moral, también es una oportunidad de inversión para las empresas. El liderazgo, la influencia y la solidaridad que manifiesten las empresas que consideran el apoyo a las libertades cívicas y a los defensores de derechos humanos como parte de sus actividades empresariales básicas rendirán dividendos a largo plazo.

Photo: The aftermath of the 2013 Rana Plaza factory collapse in Bangladesh. 
Credit: Wikimedia Commons/Sharat Chowdhury (Some rights reserved)
 

ModelLaw_French_Feb2017

Business can and should ally with those defending human rights

02.02.2017

Este artículo también está disponible en Español.

Global businesses and grassroots human rights activists may seem like strange bedfellows.  But as attacks on basic democratic freedoms and the rule of law intensify around the world, they may have more shared values and interests than one might think.

We know businesses are driven by the bottom line. If they didn’t seek to increase profits, they simply wouldn’t exist. But we also know—and many business leaders are coming around to the idea—that long-term success relies on more than just profit generation and is linked to a range of external factors such as transparency, certainty, stability. And a social license to operate.

Failures to understand that social license, and in particular to prevent and respond to the human rights impacts of their work, have thrust many global businesses into an unwanted spotlight. They didn’t need to find themselves there.

Reputational damage and operational risks for a company are expensive. Because human rights defenders—such as lawyers, trade unionists, community leaders, or NGO workers—use public advocacy as a key tool for change, businesses often make the mistake of seeing them as additional drivers of cost.

However, business should see human rights defenders as priceless allies. They are the canaries in the coalmines, pointing to when governance failures become real financial, legal, and reputational risks to business. They are also the witnesses to corporate abuse of communities and the environment.

Because of this, the work of defenders often makes those in power uncomfortable—both states and non-state actors. They are targeted with laws and policies to stifle their activities, and face intimidation and threats to their work and their lives.

Yet without the work of defenders, whole societies and economies lose out. And that means businesses lose out, too.

Take the case of the 24 April, 2013 Rana Plaza factory collapse in Bangladesh. When the dust cleared, the largest industrial accident in contemporary times resulted in the deaths of 1129 workers. Multinational brands who sourced from Bangladesh had long known the government had little capacity, and less will, to make important changes—hiring and training labor inspectors, updating fire codes and retrofitting buildings to meet them, and so on. They also knew local authorities and business partners had engaged in active suppression of labor unions and workers speaking out. By many accounts, if those voices had been heard, the tragic death toll would never have been so high.

For those defenders trying to address such concerns on the ground it is, in a very real sense, a matter of life and death. Just ask Laura Caceres, who spoke at this year’s UN Forum on Business and Human Rights to honor her mother. Berta Caceres was gunned down last March in Honduras for her work defending campesina communities against abuses linked to the Agua Zarca dam.

The global response to Rana Plaza kicked off a sustained effort by major trading partners—and home countries—the US and the EU, as well as the ILO, to improve coordination and adopt a structural approach to improving labor rights in Bangladesh. The multi-stakeholder Bangladesh Accord has workers and unions at the table and on equal footing with government and businesses to improve workplace safety and worker voice. Berta Caceres’ death led the Finnish state and Dutch pension fund FMO to divest from the project. It has also refocused the attention of states, development organisations and the UN to the ongoing harassment of defenders in Honduras.

These cases show business can make a difference. It has a unique ability to create, maintain, and defend space for civil society through three tools: leverage, leadership, and partnerships.

How do these work? Take as an example a government drafting a law that aims to close down space for NGOs to operate. In addition to running counter to international law, this would also close off channels for businesses to benefit from NGOs’ work—whether implementing community projects or helping train workers. So how might businesses respond?

They can use the leverage provided by access, personal relationships and market share to push back on authoritarian impulses. To take just one example, when 30 global brands and global trade unions joined together to speak out against violent dispersal of protests and detention of activists in Cambodia in 2014, not only were the activists released, but the underlying issues of minimum wage took center stage in brand discussions with the government.

Businesses, and especially progressive businesses, also need to show leadership. In 2015, Adidas released a policy statement on human rights defenders that clearly led the pack, creating a company-wide commitment to speak out in defense of fundamental freedoms in the countries where they source. It takes a lot for a business to get in front, especially when they know that NGOs will be watching carefully to see those policies implemented. But setting the bar high has consumer appeal and can drive a race to the top.

Finally, businesses have resources. Partnerships directly with NGOs can be contentious, and businesses need to listen to and address the concerns of co-optation and whitewashing. But the global environment for traditional funding mechanisms is increasingly toxic. According to UN experts and leading funders, nearly a hundred governments have put limits on NGOs’ operations, including the ability to accept foreign (especially NGO) funding. For the financial survival of civil society, seeking support from businesses might be an option—if it is on equal footing and with clear redlines to maintain independence.

Civil society needs space and protection to carry out its work, and it is not just a moral imperative, but an investment opportunity for businesses to help secure that space and protection. The leadership, leverage and solidarity shown by companies who see support to civic freedoms and human right defenders as part of core business will pay long-term dividends.

This piece was first published by the independent global media platform openDemocracy.

 

Photo: The aftermath of the 2013 Rana Plaza factory collapse in Bangladesh.

Credit: Wikimedia Commons/Sharat Chowdhury (Some rights reserved)

 

 

 

Report_Cote_Ivoire_ACHPR59

Pages

Opinion:

Imagine being killed for defending your land, your livelihood or the environment. Worse still – if worse exists: imagine that the murderer won’t be prosecuted. This sounds totally absurd and yet, as a new report by Global Witness shows, this is happening more often than ever. Read on. 

Browse our articles:

Region

Country

Topic

Mechanism

1984

ISHR commences work to develop an international Declaration on the Rights of Human Rights Defenders

1988

ISHR publishes first Human Rights Monitor, connecting human rights defenders on the ground with international human rights systems and developments

1993

ISHR facilitates global civil society engagement with the Second World Conference on Human Rights, which leads to the strengthening of women’s rights, the affirmation of universal rights, the adoption of the Vienna Declaration and Programme of Action and the establishment of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights

1994

ISHR provides training, technical assistance and support to its 1000th human rights defender

1998

After 14 years of ISHR lobbying, advocacy and negotiation, the UN General Assembly adopts the landmark Declaration on Human Rights Defenders

2000

UN Secretary-General appoints Hina Jilani as inaugural UN Special Representative on Human Rights Defenders, strengthening protection of human rights advocates at risk worldwide.

2004

ISHR leads a successful campaign for the appointment of a Special Rapporteur on Human Rights Defenders by the African Commission on Human and Peoples’ Rights

2005

ISHR co-founds and supports a range of international and regional human rights coalitions, including the Women Human Rights Defenders International Coalition, the East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project and the West African Human Rights Defenders Network

2006

ISHR contributes to the establishment and institution building of a new global peak body for human rights issues, the UN Human Rights Council

2007

ISHR leads and coordinates the development of the Yogyakarta Principles on sexual orientation and gender identity, strengthening legal recognition and protection of LGBT rights worldwide

2011

ISHR’s sustained advocacy on the issue of reprisals and intimidation faced by human rights defenders leads to adoption of landmark UN Human Rights Council resolution condemning and strengthening protections against reprisals

2012

Working with key NGO partners such as Amnesty International, ISHR leads civil society efforts to strengthen UN human rights treaty bodies, prevent their weakening and better connect their work with victims and human rights defenders on the ground

2013

Working with supportive states and NGOs, ISHR advocacy leads to adoption of historic Human Rights Council resolution calling on all States to review and amend national laws to respect and protect the work of human rights defenders