Will McCallum: Defensor de derechos humanos del Reino Unido

28.10.2015

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Will McCallum es 'Campaigner' de Greenpeace en el Reino Unido

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Will McCallum es 'Campaigner' de Greenpeace en el Reino Unido

“Yo diría que lo que provoca una reacción del gobierno son tanto las tácticas que utilizamos como los temas sobre los que trabajamos. En el Reino Unido, si haces pleno uso de la libertad de información o del sistema de revisión judicial, probablemente vas a terminar pronunciándote públicamente sobre los fracasos de las políticas gubernamentales. Esto es lo que lo pone a uno en la línea de fuego”.

Y como Greenpeace y otros grupos ambientalistas han resaltado las implicancias que las políticas climática y energética de Reino Unido tienen sobre los derechos ambientales, han sido blanco de declaraciones despectivas, emitidas  tanto por autoridades como por medios de comunicación, en las que se cuestiona la motivación de su trabajo. El entonces Secretario de Medio Ambiente los etiquetó de “egoístas”, “trotamundos bien pagados”, “centrados en cuestiones equivocadas y causando daño real, mientras obtienen beneficios notables”. Sin embargo, Will afirma que tales declaraciones son emblemáticas de una intolerancia gubernamental más amplia sobre la labor de incidencia de la sociedad civil.

“Hay un ruido general de fondo, por parte del gobierno, que es anti-ONG; existe una sensación de falta de respeto y ha habido una diferencia marcada desde 2012. Es como si el gobierno percibiera el cuestionamiento de la sociedad civil como una molestia que debe ser mantenida bajo control. Pero la disidencia tiene el lugar que le corresponde en una democracia y, de hecho, podemos ayudar a asegurar que el gobierno haga políticas que respeten los derechos y protejan el medio ambiente. Hay una sensación de que, en el Reino Unido, al gobierno le gustaría ver el papel de las ONG como de simples proveedoras de servicios”.

Esta actitud se ha manifestado no sólo en el discurso gubernamental, sino también en legislación que limita las actividades de las ONG. Will señala la Ley de Cabildeo de 2014 (Lobbying Act), que impuso fuertes limitaciones financieras y administrativas en las labores de incidencia de las ONG alrededor de los períodos electorales. Recientemente, 150 ONG publicaron una carta pidiendo la derogación de la ley, tras una reciente investigación independiente sobre su impacto.

“Sin embargo, y al menos tan preocupante para nosotros, es la actual revisión de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act). Más de 140 organizaciones se pronunciaron con preocupación el mes pasado por los aparentes intentos de debilitar la ley. El gobierno ha ordenado que una Comisión lleve a cabo la revisión, pero casi todos sus miembros son políticos y todos tienen un historial de cuestionamiento de la ley. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el punto de vista de los que confían en la Ley como mecanismo de rendición de cuentas gubernamental?”

Will está preocupado por los indicios que sugieren que la Comisión recomendará la aplicación de tasas para las apelaciones contra decisiones sobre libertad de información, actualmente gratuitas.

“En Greenpeace tenemos una cierta cantidad de recursos que podríamos invertir en este tipo de apelaciones. Pero ¿cuál es el impacto para las organizaciones más pequeñas y defensoras y defensores de derechos humanos de base? Estas personas dependen de esta Ley para exigir mejores actuaciones por parte del Estado”.

La falta de transparencia y de consulta adecuada son dos obstáculos que hacen que sea difícil para las organizaciones y comunidades cuestionar el impacto ambiental de los proyectos empresariales, afirma Will.

“Por un lado, el gobierno falla en ser transparente respecto a cómo y por quién están siendo cabildeados; no existe un registro eficaz de tal cabildeo. Y, por otro lado, hay una renuencia por parte del Estado de escuchar a las comunidades y activistas que están pidiendo que se tenga en cuenta una perspectiva ambiental. El gobierno quiere acelerar proyectos empresariales a toda costa, como lo demuestra el reciente cambio de directrices de planificación, que le permitirá al gobierno central eludir a las autoridades locales en la aprobación de proyectos de fracking si estas tardan más de 16 semanas en evaluar una propuesta de proyecto”.

Otra preocupación entre las organizaciones de derechos ambientales en el Reino Unido es que, haciéndose eco de una tendencia mundial alarmante, existe la posibilidad de que se utilice la legislación antiterrorismo y de vigilancia para limitar su activismo. A medida que el gobierno del Reino Unido impulse leyes para restringir el extremismo, a Will le preocupa que alguna terminología vaga y/o procesos excepcionales de tales leyes puedan ser potencialmente mal aplicados.

"El gobierno ha dicho que el proyecto de Ley sobre el Extremismo (Extremism Bill) busca hacer frente a lo que esté por debajo del umbral legal aceptable para la proscripción del terrorismo. Es necesario una definición clara de lo que esto significa para garantizar que no haya aplicación abusiva de la ley. Mientras tanto, el proyecto de Ley de Vigilancia y Justicia Criminal (Policing and Criminal Justice Bill) prevé 90 días de prisión preventiva. Cualquier ley que proporcione a estas autoridades, que ya son relativamente intolerantes a la disidencia, el poder de encerrar a la gente antes de que hayan sido juzgadas,  debe ser objeto de una consulta adecuada - previo a su aprobación - tanto a la sociedad civil local como a expertos internacionales en derechos humanos”.

También recaerá sobre este gobierno desarrollar las garantías de no repetición en los casos de espionaje y vigilancia de los grupos ecologistas por parte de la policía, lo que ha llevado a un cuestionamiento público sobre la actividades de vigilancia encubierta.

"Pero todo esto es parte de una tendencia global de restringir a la sociedad civil, sobre todo cuando es vista como un obstáculo al ritmo de crecimiento de los negocios empresariales. Muchos de nuestros colegas de Greenpeace en todo el mundo están sufriendo consecuencias mucho más severas. En India, por ejemplo, el gobierno ha estado atacando sostenidamente a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, por más de un año. En el Reino Unido estamos en una posición relativamente afortunada por vivir en un país que tiene una rica historia de protesta y activismo cívico. Eso sólo hace que sea aún más triste que el gobierno esté siguiendo esta tendencia y tratando de silenciarnos".

Sigue a Will en Twitter: @artofactivism

 

En los días y semanas previas al Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos por expertos emergentes incluyendo a personas defensoras de derechos humanos, a representantes de la ONU, a diplomas, a empresas y a ONG internacionales. Cada artículo incluirá un análisis del importante papel de las personas defensoras de derechos humanos y estará recopilado en una edición especial del Human Rights Monitor de ISHR, que se lanzará en inglés, francés y español el 9 de noviembre. Los puntos de vista expresados son personales y no necesariamente representan la posición de ISHR.