¿Una paz duradera en Colombia? Solo si defensores/as y comunidades son consultadas y protegidas

21.03.2016

Después de más de 50 años de conflicto dejando aproximadamente 50.000 muertos y cientos de miles de desplazados, el gobierno de Colombia pronto firmará un acuerdo de paz con las guerrillas del FARC. Sin embargo, los activistas locales identifican obstáculos a una paz duradera: los intentos homicidas a silenciar a los defensores/as de derechos humanos, y la imposición violenta de proyectos de desarrollo económico a gran escala. El futuro de Colombia podría ser promisorio; pero sólo si quienes defienden los derechos humanos están protegidos, las comunidades escuchadas, y los negocios realizados de manera que proteja a los derechos humanos.

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Por Ben Leather, Coordinador de Incidencia, Formación y Comunicaciones del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)

Después de más de 50 años de conflicto dejando aproximadamente 50.000 muertos y cientos de miles de desplazados, el gobierno de Colombia pronto firmará un acuerdo de paz con las guerrillas del FARC. Sin embargo, los activistas locales identifican obstáculos a una paz duradera: los intentos homicidas a silenciar a los defensores/as de derechos humanos, y la imposición violenta de proyectos de desarrollo económico a gran escala. El futuro de Colombia podría ser promisorio; pero sólo si quienes defienden los derechos humanos están protegidos, las comunidades escuchadas, y los negocios realizados de manera que proteja a los derechos humanos.

El mes pasado visité una tierra en conflicto al borde de la paz.

Colombia tal vez no sea el primer país que viene a la mente al leer esa frase. Sin embargo, es probable que el gobierno firmará un acuerdo de paz con las FARC este año; después de más de medio siglo de hostilidad interna que ha arrebatado más de 50.000 vidas y ocasionado una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo.

Actualmente, las negociaciones en La Habana han resultado en acuerdos históricos sobre la reforma agraria, la participación política, el tráfico de drogas, y justicia para víctimas. Hay esperanza de que los detalles sobre la entrega de armas, además de la implementación y verificación del acuerdo de paz, se finalizarán pronto.

Sin embargo, a pesar del optimismo, no fue insólito mi invitación a Colombia por un grupo de defensores/as de derechos humanos, con ganas de desarrollar su interacción con las Naciones Unidas.

Más bien, tal activistas identificaron dos posibles obstáculos a la paz duradera: los intentos homicidas a silenciar a los defensores/as de derechos humanos, y la imposición violenta de proyectos de desarrollo económico a gran escala sobre las comunidades.

El país más peligroso del mundo para defensores/as de derechos humanos

Los colombianos con quienes hablé tenían una cosa muy clara: la firma de los acuerdos de paz marcaría el comienzo del camino hacia la paz, no el final. Habrán más retos por delante, mientras víctimas buscan justicia, comunidades buscan reparaciones y el gobierno impulsa el desarrollo.

El camino presentará oportunidades para la promoción y protección de los derechos humanos; oportunidades, que - si se toman - sentarán los cimientos de una paz duradera. Por lo contrario, si unos derechos se negocian a cambio de otros intereses, se sembrarán las semillas de futuros conflictos.

Como dijo Ban Ki-moon: “la paz y la seguridad a largo plazo no pueden existir sin los derechos humanos para todos”. Los sucesivos Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han subrayado que los defensores/as de los derechos humanos son catalizadores esenciales en la protección de los derechos humanos; la labor de los cuales es esencial para el buen gobierno, el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho.

Es por esto que es particularmente preocupante que Colombia es posiblemente el lugar más peligroso del mundo para ser un defensor de derechos humanos, según la ONG Frontline Defenders. La situación ha empeorado este año pasado, con el último informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia documentando 885 defensores/as atacados y 63 asesinados en 2015. 729 defensores/as han sido asesinados en 20 años, según Somos Defensores, una coalición de ONGs cuyo análisis demuestra los riesgos que enfrentan los defensores/as en el país, y los fracasos de las iniciativas del gobierno en protegerlos.

El programa Colombiano de protección para defensores/as de derechos humanos es el más antiguo y más costoso del mundo.  Sin embargo, casi 20 años desde su creación, la sociedad civil nacional e internacional han ilustrado una serie de fracasos del programa, como la corrupción, la falta de personal, la falta de coordinación y una gama limitada de medidas de protección que no toman en cuenta los factores políticos detrás de los riesgos. Estos factores han traicionado a los defensores/as, dejándolos más expuestos que nunca. Las debilidades de la Unidad Nacional de Protección se ven agravados por la ausencia de prácticas preventivas y la impunidad casi total por los crímenes contra los defensores/as.

Mientras el Presidente Santos se prepara para celebrar los acuerdos, él debe dar la debida prioridad a la solución de esta realidad. Con el fortalecimiento de la Unidad de Protección y de la oficina del Procurador General, junto con la colaboración con la sociedad civil para definir las medidas de prevención y protección integrales para los defensores/as de derechos humanos, se puede resguardar los líderes comunitarios, abogados, organizaciones no gubernamentales y las víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes son los ojos y los oídos en el terreno, garantizando que los acuerdos se apliquen adecuadamente.

La relación entre las empresas y los defensores/as de derechos humanos en Colombia

El suministro de agua envenenado debido a la minería. Desalojo forzoso de las comunidades indígenas a nombre de las plantaciones de aceite de palma. Desviación del agua de las comunidades campesinas para la producción de energía hidroeléctrica a gran escala. Cultivos genéticamente modificados plantados sin el consentimiento de la comunidad local. Sindicalistas asesinados por exigir mejores condiciones de trabajo.

Todos los activistas que participaron en nuestra formación tenían una cosa en común: las violaciones de los derechos humanos que identificaron ocurrieron en el contexto de las actividades y operaciones de las empresas.

De todos los problemas contemporáneos de derechos humanos asociados con las empresas que los activistas me describieron, uno me pegó duro: desplazamientos forzados. Comenzamos el taller con los participantes relatando sus experiencias. Fue aterrador escuchar cuántas comunidades se habían visto obligadas a abandonar sus hogares, muchas veces violentamente, todo para que su tierra podría ser apropiada para los proyectos económicos.

Había leído sobre los pueblos desplazados causadas por el conflicto interno en Colombia: los campos de comunidades enteras obligadas por los paramilitares, el ejército o la guerrilla a abandonar sus hogares. Sin embargo, mientras ese capítulo del país aparentemente está llegando a su fin, yo estaba escuchando cómo una nueva época, igualmente brutal, estaba ocasionando violaciones similares a nombre de las empresas y del desarrollo.

Los defensores/as de los derechos humanos explicaron que tan poco significarían los acuerdos de paz en la práctica si el aumento de la inversión internacional fuera permitido a financiar prácticas abusivas en el terreno. Para evitar conflicto y proteger los derechos, sostuvieron, el Estado tiene que hacer más para consultar a las comunidades y asegurar su consentimiento libre, previo e informado antes de la concepción y ejecución de proyectos económicos.

Sin embargo, y de nuevo, justo cuando sus voces se necesitan escuchar, los defensores/as están siendo silenciados. Global Witness documentó el asesinato de 80 activistas de la tierra y del medio ambiente en el país entre 2002 y 2014.

El año pasado, Colombia fue el primer país de América Latina a poner en marcha un Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos y Empresas; un reconocimiento del problema y el inicio de un debate sobre cómo el Estado puede prevenir y remediar los abusos relacionados con las empresas. Mientras que algunos en la sociedad civil sienten que el plan es débil y no refleja sus insumos, el gobierno ha insistido que es un documento de trabajo que evolucionará y será implementado con nuevas consultas.

Para que Colombia evite la intensificación de este nuevo conflicto, es vital que estas consultas sean amplias e inclusivas, y que las preocupaciones de las comunidades locales y los defensores/as de los derechos humanos sean incorporadas al plan; garantizando el consentimiento previo, libre e informado y dando fuerza a las disposiciones constitucionales sobre la libre determinación de las comunidades indígenas y afro-descendientes.

En esto, los Estados terceros también tienen una responsabilidad. Es perverso que cualquier país apoye los acuerdos de paz simultáneamente quedándose callado cuando los abusos se alegan en el contexto de una empresa o inversión con los cuales están asociados. Embajadas pueden, y deben, jugar un rol crucial en el reconocimiento y el apoyo para los defensores/as que trabajen en estos temas.

El papel de la ONU

El párrafo final del informe más reciente de Somos Defensores agradece la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, subrayando lo importante que su acompañamiento será en la época post-conflicto. La Oficina, cuyo informe anual sobre el país será presentado al Consejo de Derechos Humanos este miércoles, ha demostrado sin duda ser un aliado a los defensores/as colombianos en innumerables ocasiones. Podría decirse, no sólo debe ser sostenida su presencia en esta época que se aproxima, pero sus recursos deben ser reforzados para garantizar un mayor enfoque sobre las empresas y los derechos humanos.

Los procedimientos especiales de la ONU también deben estar atentos, con el Relator Especial sobre Defensores de los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos bien situados para asesorar y supervisar el fortalecimiento necesario del programa de protección de los defensores/as de derechos humanos y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas.

La combinación de una sociedad civil vibrante con un acuerdo de paz cuidadosamente construida significa que el futuro de Colombia puede ser brillante. Pero sólo si los defensores/as están protegidos, las comunidades escuchadas, y los negocios realizados de una manera que proteja a los derechos humanos.

Ben Leather es Coordinador de Incidencia, Formación y Comunicación del ISHR. Póngase en contacto con él en b.leather@ishr.ch o 41787794859. Síguelo en Twitter @BenLeather1

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  • Latin America and Caribbean
Topic
  • Corporate accountability
  • Human rights defenders
Mechanism
  • Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Country
  • Colombia