Seis expertas y expertos de Naciones Unidas han expresado su grave preocupación en una reciente carta al gobierno mexicano sobre las consecuencias para los derechos humanos y el medio ambiente del proyecto de desarrollo 'Tren Maya'. Esta carta se suma a la creciente preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el país, y aumenta las expectativas de un compromiso significativo por parte de México, como miembro reelecto del Consejo de Derechos Humanos.
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El 21 de septiembre, seis expertas y expertos independientes de las Naciones Unidas dirigieron una carta conjunta a México – publicada esta semana – sobre el presunto impacto del ‘Tren Maya’, el proyecto de desarrollo emblemático del Gobierno, un tren turístico que atraviesa numerosas zonas de rica diversidad ambiental y cultural en el este de México. Los y las expertas expresan su ‘grave preocupación’ por una serie de violaciones y abusos, desde el impacto en las comunidades y territorios indígenas hasta los riesgos de un daño ambiental significativo como consecuencia de la contaminación de las aguas y los daños a la biodiversidad.
La carta también se envió a ONU-Hábitat, cuyo apoyo al ‘Tren Maya’ – junto con el de otras agencias de la ONU, incluyendo la UNESCO y la UNOPS – ha resultado contradictoria a la luz de otras posiciones adoptadas por la ONU, en particular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En 2019, la presencia de la Oficina en el país ya había señalado públicamente el incumplimiento con estándares internacionales del proceso de consulta indígena del Gobierno.
Para que México cumpla con normas y obligaciones internacionales, los y las expertas subrayan la necesidad de que toda consulta con las comunidades afectadas ‘se lleve a cabo con las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades indígenas’ y que se base en ‘la información necesaria, incluyendo los resultados de estudios de impacto ambiental’: estos elementos deben garantizarse antes de que comience, o se reanude, el proyecto.
Durante una discusión sobre personas defensoras indígenas celebrada en la 45a sesión del Consejo de Derechos Humanos en septiembre, México emitió una declaración conjunta en la que instaba a los Estados a adoptar medidas concretas para ‘crear las condiciones necesarias para que [pueblos indígenas] definan libremente sus procesos de desarrollo y bienestar’, y a observar las ‘obligaciones contenidas en instrumentos internacionales relevantes, como el Convenio 169 de la OIT’, que consagra el derecho a la consulta libre, previa e informada.
‘Resulta difícil crear confianza en torno a un proyecto de tal escala, en el que hace falta una evaluación adecuada del impacto ambiental, y cuando la información se mantiene parcialmente secreta dado que algunos tramos han sido confiados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)’, dijo Raphaël Viana David, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR). ‘La transparencia es instrínseca a un enfoque de desarrollo con base en los derechos humanos, un prerequisito fundamental para que el proyecto avance.’
En un pronunciamiento conjunto publicado hoy, ISHR se une a CEMDA, CRIPX, CMDPDH, DPL y PODER, instando al Gobierno de México a tomar rápidamente medidas en relación con las preocupaciones de los y las expertas, y de detener el proyecto ‘Tren Maya’ hasta que se hayan aplicado plenamente todas las garantías de derechos humanos y de otro tipo en virtud del Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales pertinentes.
‘Pueden existir varios obstáculos a la implementación de dichas obligaciones, de los primeros siendo la falta de voluntad política’, dijo Viana. ‘Saludaríamos una respuesta del Gobierno que explique por qué no se ha llevado a cabo consultas con las comunidades afectadas de acuerdo con estándares internacionales’.
Transformando compromisos internacionales en acciones a nivel local
Es especialmente preocupante que varias organizaciones, incluidas algunas de las signatarias de la declaración conjunta, hayan sido objeto de reiterado acoso y desprestigio en varios medios de comunicación y en una declaración del Presidente mexicano López-Obrador en su mañanera del 28 de agosto, culpándolas de recibir fondos extranjeros para ‘oponerse a la construcción del Tren Maya’. Estos actos fueron denunciados públicamente por organizaciones de la sociedad civil, incluso durante la sesión de septiembre del Consejo de Derechos Humanos.
Sin embargo, el ‘Tren Maya’ no es un caso aislado. Al contrario, es emblemático de una tendencia más amplia y alarmante de ataques contra personas defensoras de derechos humanos en general, y contra mujeres defensoras de derechos humanos en particular. En junio pasado, las escalofriantes amenazas dirigidas al Consorcio Oaxaca por un grupo criminal organizado incitaron a Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, a expresar públicamente su preocupación por la ‘intimidación, amenazas y asesinatos en contra de mujeres defensoras de derechos humanos’. La semana pasada, un comunicado de prensa preventivo de otro grupo de expertas y expertos, en vista de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, subrayó la necesidad de ‘haber responsabilidad por la forma en que agentes de policía tratan a las mujeres manifestantes y a las defensoras de derechos humanos, que desempeñan un papel crucial en la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia’, tras la represión policial contra protestas feministas en Cancún.
Es en este contexto que el Senado mexicano, a instancias del Ejecutivo, decidió extinguir los fideicomisos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el 21 de octubre. ‘Mecanismos nacionales de protección juegan un papel esencial para garantizar la seguridad de personas defensoras, especialmente en países como México’, dijo Viana. ‘Pero reconocer públicamente el trabajo vital de estas personas, y abstenerse de cualquier tipo de intimidación o difamación, son también poderosos instrumentos de protección para ellas’.
México también dió importantes pasos en la buena dirección, en particular en torno de la ratificación del Acuerdo de Escazú, que permite la entrada en vigor de este histórico tratado regional que busca proteger a personas defensoras del medio ambiente y promueve la justicia ambiental, la participación y la transparencia.
‘Para que sean significativos, es crucial que los compromisos internacionales de México se traduzcan en esfuerzos genuinos para apoyar y proteger a personas defensoras a nivel nacional’, subrayó Viana. ‘Esto implica una serie de medidas clave, empezando por restablecer rápidamente una financiación adecuada a su mecanismo nacional de protección.’
En su candidatura para ocupar un puesto en 2021 en el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, México identificó una agenda feminista entre sus prioridades y se comprometió a reforzar la protección de periodistas y personas defensoras, reconociendo su papel en el mantenimiento de una ‘democracia sana’. La reelección de México al Consejo de Derechos Humanos representa tanto una oportunidad que debe aprovechar para implementar esos compromisos, así como una responsabilidad de demostrar que estos compromisos – de apoyar a la sociedad civil o promover los derechos de las mujeres – no se dirigen únicamente a sus pares internacionales en Ginebra y Nueva York. Al hacerlo, México debería abordar las recomendaciones enumeradas por un grupo de organizaciones nacionales e internacionales en el marco de su reelección.
Para más información, puede entrar en contacto con Raphaël Viana David en la dirección [email protected], o en Twitter @vdraphael.
Créditos para imagen: Flickr / Jesús Villaseca Pérez
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