México debe proteger a activistas de derechos humanos que trabajan contra las desapariciones forzosas

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(Ginebra) – En el marco de la primera revisión de México ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED), ISHR y otras organizaciones con sede en Ginebra, se reunieron con la ONG mexicana Tlachinollan y con familiares de las víctimas de desaparición forzosa que viajaron a Europa para acusar formalmente al gobierno mexicano por el manejo del caso relacionado con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero). Defensores/as de derechos humanos recordaron al CED, en la primera audiencia especial sobre México, que el caso de Ayotzinapa se presenta en el contexto de otros 23.000 casos registrados en el país.

Durante la reunión, los padres de las víctimas hicieron hincapié en la continua represión y riesgos que enfrentan los activistas que trabajan y protestaban contra las desapariciones forzadas en todo el país, así como la difamación[1] que muchos de ellos enfrentan debido a declaraciones gubernamentales engañosas o simplemente falsas.

‘Es evidente que en lugar de garantizar un alto nivel de diálogo para las familias, la protección de los defensores/as de derechos humanos y espacios seguros para las protestas, las autoridades mexicanas han sido insensibles atendiendo a las víctimas, no han respondido a las amenazas contra activistas y han iniciado una política de mano dura alrededor de las manifestaciones’, dijo Ben Leather, responsable de Promoción y Comunicaciones de ISHR. ‘La desaparición forzada representa una crisis de derechos humanos a nivel nacional y la respuesta deficiente del estado parece ser igualmente generalizada y constante’, continuó.

Por ejemplo, el pasado mes de Julio, miembros del grupo de víctimas “Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos de México” (Fundem) denunciaron que policías enmascarados en Querétaro se enfrentaron a manifestantes pacíficos en una marcha contra las desapariciones forzadas, hiriendo y amenazando a la gente.[2]

En noviembre, once manifestantes fueron detenidos y acusados de delitos graves en una marcha importante llevada a cabo en la Ciudad de México. Todos ellos declararon haber sido maltratados – algunos incluso torturados – y enviados a prisiones de alta seguridad, lo que les limita su posibilidad de contactar con familiares o con sus abogados.[3] Los detenidos fueron liberados nueve días después, cuando los cargos fueron retirados debido a la falta de pruebas.[4]

En diciembre, los familiares y colegas de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, fueron supuestamente atacados por policías federales en estado de ebriedad mientras preparaban el concierto “Una luz en la oscuridad”. Según testigos presenciales, la policía llegó al lugar en el que miembros de las familias y otros estudiantes estaban trabajando y los agredieron verbalmente, los encañonaron con armas de fuego, les lanzaron piedras y otros objetos y más tarde los rociaron con gas lacrimógeno. Los policías abandonaron el lugar horas más tarde, dejando lesionados a algunos de los presentes.[5] ‘Lo que pasó aquí es la prueba de que el gobierno federal está tratando de silenciar las voces de las familias y las personas que protestan pacíficamente por los estudiantes desaparecidos’, dijo uno de los padres durante el concierto.[6] El mes pasado, colegas de los estudiantes desaparecidos denunciaron nuevos abusos por parte de la policía federal que intervino para impedir que los manifestantes ocuparan una caseta de peaje en la carretera.[7]

Durante el mes de dciembre, el periódico Reporte Índigo publicó un artículo basado en información filtrada que sugiere que la agencia de inteligencia del Estado mexicano (CISEN) tenía al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan bajo vigilancia, alegando que la organización tenía vínculos con “grupos subversivos” y consideraba a sus miembros, internacionalmente respetados, Abel Barrera y Vidulfo Rosales como “radicales y peligrosos para la gobernabilidad” del país.[8] Además, el Gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, hizo declaraciones públicas que cuestionan la legitimidad de la organización, la cual ha ganado premios de Amnistía Internacional y el Centro Robert F. Kennedy, entre otros.[9]

En el mismo contexto de difamación, el 10 de diciembre, el Secretario de la Marina (SEMAR) Vidal Francisco Soberón, declaró durante una entrevista pública que las organizaciones que acompañan a los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa los están manipulando y buscan beneficios para ellos mismos y únicamente los utilizan para alcanzar sus propios objetivos.[10]

Por otra parte, en la reunión de la semana pasada, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, – cuyos hijos se encuentran entre los 43 estudiantes desaparecidos – dijeron a ISHR que el hecho de que las autoridades mexicanas no hayan respetado los compromisos para un diálogo regular de alto nivel, de acuerdo con la promesa del presidente Peña Nieto el pasado mes de Octubre, no les ha dejado otra opción más que seguir protestando. Sin embargo la respuesta del Estado, dicen los familiares, ha sido la de reprimir protestas y desinformar a la sociedad a través de la prensa. ‘Les pedimos que encontraran a nuestros hijos, pero únicamente nos envían más policías, más ejército y más antimotines’ dijo la Sra Legideño.

El problema no se limita a este caso. Brigadas Internacionales de Paz (PBI) ha documentado previamente cómo las víctimas y activistas han sufrido re-victimización, acoso y maltrato de las autoridades que deberían estar buscando a sus seres queridos,[11] mientras que los defensores/as de derechos humanos que apoyan a las familias de las víctimas de desaparición forzada se han enfrentado a ataques físicos y amenazas, así como a la vigilancia y cateos por parte de las fuerzas de seguridad.[12]

La sesión del CED coincidió con el lanzamiento de un nuevo documento que demuestra el alcance de los problemas con la implementación del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en México.[13] “La aprobación de la ley en México representó un gran paso hacia la protección jurídica de las y os defensores, y es un avance emblemático a nivel internacional”, dijo el señor Leather. “Sin embargo, casi tres años después de su aprobación, es hora de que el Estado mexicano garantice que dicho mecanismo tenga los recursos, la capacidad, la coordinación y la transparencia para funcionar en la práctica”, añadió.

En respuesta a las acusaciones de los defensores que trabajan con las víctimas de desapariciones forzadas, ISHR exige que las autoridades federales y estatales adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los que protestan y trabajan en torno al tema. ISHR también insta a las autoridades a garantizar la integridad física y psicológica de los familiares de los estudiantes desaparecidos, permitiendo así que continúen con la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad.

Foto: Sofia Gonzalez, flickr