ISHR lanza informe global en español y consulta a defensores/as de América Latina

21.01.2015

Todos los Estados deben desarrollar e implementar leyes específicas para la protección de defensores/as de derechos humanos y llevar a cabo una auditoría legislativa integral para revocar las leyes que criminalizan su labor, según un nuevo informe lanzado en español por ISHR en Bogotá hoy

(This article exists in English here) (Bogotá) El Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) lanzó hoy la versión en español de su informe “De la Restricción a la Protección”, que examina como las leyes de 40 jurisdicciones de todas las regiones del mundo protegen o restringen excesivamente la labor de personas defensoras de derechos humanos.

El informe representa la primera fase de un proyecto de ISHR para desarrollar una Ley Modelo para la protección de defensores/as de derechos humanos. Fue lanzado en Bogotá durante una consulta de ISHR a 33 activistas de 18 países de América Latina y diseñada para añadir testimonios de primera mano y análisis desde el terreno a la investigación. ISHR también está llevando a cabo consultas regionales en Asia, el Medio Oriente, Europa y África.

“Las experiencias compartidas en la consulta de hoy ilustran cómo, a lo largo de la región, las leyes han sido creadas e implementadas de una forma que restringe la labor de las y los defensores de derechos humanos, contraviniendo los estándares de derecho internacional”, dijo Ben Leather de ISHR.

“Aunque existe una amplia gama de propuestas, políticas y leyes específicas para la protección de defensores/as en las Américas”, continuó, “hoy hemos escuchado que, además de que es sumamente difícil para la sociedad civil participar en su desarrollo, también ocurre que los Estados no están garantizando su  implementación exitosa”.

El informe, a su vez, concluye que todos los Estados deben llevar a cabo una auditoría legislativa integral para revocar las leyes que criminalizan la labor de defensores/as de derechos humanos e implementar leyes especificas para su protección.

“A través de este informe, sumamos nuestra voz a las de los Relatores Especiales sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en instar a los Estados a que incorporen en su legislación nacional la Declaración internacional sobre Defensores de Derechos Humanos”, señaló Phil Lynch, Director de ISHR y autor del informe.

Según el informe, dicha legislación “podría ayudar no solamente a proporcionar protección formal y legal a su trabajo, sino también a dar reconocimiento oficial a la legitimidad de esta labor y a educar a agentes de seguridad estatal, funcionarios públicos y el público en general sobre la importancia de las personas defensoras y de su protección”.

Además de proporcionar asesoría sobre el proceso consultivo para el desarrollo de una ley para defensores/as, el informe también aconseja en torno a los elementos claves para este tipo de ley, recomendando que ésta:

  • Consagre los derechos de defensores/as y las obligaciones del Estado a promover, proteger y respetar esos derechos;
  • Asegure mandatos y recursos adecuados para los programas y mecanismos para la promoción de la importancia y legitimidad del trabajo de defensores/as, y para la protección de defensores/as y sus familias y asociados que podrían estar en riesgo, sea por parte de actores estatales como no-estatales;
  • Obligue al Estado a investigar y enjuiciar a los responsables de cualquier violación de los derechos de defensores/as, de sus familias y personas asociadas;
  • Asegure acceso a recursos efectivos para las víctimas.

La ley también debe incluir provisiones para:

  • Asegurar que se realicen investigaciones y análisis sobre las amenazas y ataques en contra de defensores/as de derechos humanos con el fin de identificar sus raíces y causas y de hacer recomendaciones para la prevención y la promoción de un entorno propicio para su labor;
  • Asegurar que la ley misma sea evaluada de forma sistemática, incluyendo  consultas con defensores/as de derechos humanos, con el fin de identificar las enmiendas y otras adecuaciones que podrían resultar necesarias  para garantizar su efectividad.

El informe también presenta 25 recomendaciones concretas a los Estados para dar fuerza legal y efecto a la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos por medio de directrices legislativas en otras áreas, desde códigos penales hasta legislación hacendaria.

Al respecto, el informe encontró ejemplos de buenas prácticas en varias regiones y países, incluyendo el 2011 Charities Act del Reino Unido, el Código Penal de Colombia, el Prevention and Prohibition of Torture Act de Uganda y el Anti-Enforced or Involuntary Disappearances Act de las Filipinas.

El informe subrayó que,  aunque se pueden encontrar  ejemplos de buenas prácticas en varios Estados en la mayoría de regiones, los ejemplos de leyes que restringen o criminalizan la labor de personas defensoras de derechos humanos de una manera incompatible con el derecho internacional, pueden encontrarse en todas las regiones y todos los Estados. Tales leyes oscilan entre legislación contra-terrorismo en Australia y Etiopía, leyes sobre las ONG en China y Kenya, a leyes que regulan las actividades de periodistas y la libertad de expresión en Italia y Rusia. El informe incluye una lista de verificación para ayudar a que Estados identifiquen y reformen dichas leyes.

“Un entorno legal propicio que proteja y facilite la labor de personas defensoras de derechos humanos, y que no criminalice ni restrinja de forma excesiva esta labor, es vital para la democracia, el desarrollo y el estado de derecho”, dijo Phil Lynch.

El informe fue preparado con el apoyo pro bono de cinco de las firmas de abogados más destacadas a nivel internacional– Allens, Debevoise & Plimpton, DLA Piper, Reed Smith y Simmons & Simmons – lo que conlleva que sus resultados y recomendaciones tenga su base en más de 2,500 páginas de investigación legal profesional. Los gobiernos de Irlanda y Liechtenstein y la Fundación Overbrook proporcionaron apoyo financiero para la publicación del informe.

“ISHR está consciente de los riesgos que las personas defensoras de derechos humanos enfrentan en muchos países de América Latina”, dijo Ben Leather. “Esperamos que los propios Estados  consulten a defensores y defensoras sobre sus necesidades, aprueben legislación para su protección y garanticen los recursos y la voluntad política para implementar las leyes y políticas sobre personas defensoras donde éstas ya existen”.

Para más información contacte: Ben Leather, Advocacy and Communications Manager de ISHR, en b.leather@ishr.ch o +41 22 919 71 03

Descargue una versión de alta resolución de “De la Restricción a la Protección: Investigación sobre el marco legal para defensores y defensoras de derechos humanos y la necesidad de contar con leyes nacionales que protejan y promuevan su labor” aquí

Descargue una versión del informe en inglés aquí

Category:

Region
  • Latin America and Caribbean
Topic
  • Human rights defenders
Mechanism
  • National HRDs laws/policies
Country
  • Colombia