HRC37 | Personas defensoras en riesgo en Honduras y en Colombia

Tal como señala el informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, presentado al Consejo de Derechos Humanos, las elecciones han sido marcadas por denuncia de fraude electoral, dejando un aciago rastro de muertes violentas, decenas de heridos, detenciones arbitrarias,  y uso excesivo de la fuerza entre otros.

En una intervención, ISHR conjunto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad (Pi), miembros de la Coalición contra la Impunidad y personas defensoras de Honduras, han denunciado la deplorable reacción de la policía militar y civil frente a las manifestaciones, dónde incluso niños y niñas fueron víctimas de la fuerza desproporcionada de los cuerpos de seguridad.

Como explica Mario Roberto Chinchilla de la Coalición contra la Impunidad, la ciudadanía ha sido acompañada por la sociedad civil, recopilando los patrones de comportamiento de las fuerzas armadas y policiales en contra de la manifestación de los derechos que los protestantes ejercían legítimamente.

‘Hemos documentados violaciones graves contra personas defensoras, como asesinatos selectivos de liderazgos del movimiento social en su lucha por la conservación del medio ambiente, así como de liderezas y líderes comunitarios que organizaron las protestas,’ dice Chinchilla.

Helen Nolan de ISHR coincide, diciendo que ‘existe una persecución de los líderes, liderezas y personas defensoras de derechos humanos que se materializa en su judicialización y encarcelamiento.

Andrea Bolaños de la Pi explica que se ha documentado el uso de armas de fuego, así como el uso de gases lacrimógenos y agua con aditamentos químicos, con fines de producir daños a los manifestantes y disolver las manifestaciones.

‘Además, se ha observado la infiltración de agentes militares y policiales en las manifestaciones con el doble propósito de producir violencia y levantar perfiles de personas líderes y defensoras de derechos humanos,’ dice Bolaños.

Frente a esta situación, la declaración urge al gobierno hondureño:

• que realice a través del ministerio público la investigación y enjuiciamiento de los altos cargos políticos, militares, policiales y empresariales, que ordenaron y ejecutaron los 38 asesinatos selectivos de personas líderes y defensoras de derechos humanos y demás violaciones de derechos humanos;
• que libere a las peronas que fueron encarceladas y son enjuiciadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, opinión, reunión y asociación.

ISHR conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), también resaltó una situación preocupante en Colombia. Notando que la OACNUDH en el país está fuertemente comprometida a enfrentar la grave situacion sufrida por los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, sin embargo, la demora para la acreditación al nuevo Representante en Colombia – acreditado ayer durante la sesión en la cual se presentó el informe – ha sido altamente preocupante.

Enfatizando sobre este aspecto, Ana María Rodríguez de la CCJ explica que la falta de un liderazgo claro en la Oficina hasta que se comfirmó la acreditación había afectado la documentación detallada de casos de agresiones y el análisis del contexto en el que estos ocurren y el acompañamiento a líderes y comunidades en las regiones.

‘Considerando los 121 asesinatos registrados en 2017, o casos como las represalias contra Adriel Ruiz tras participar en la revisión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, saludamos la decisión de Colombia de acreditar al nuevo Representante,’ dice Rodríguez.

La intervención completa esta disponible aquí.

Mira la declaración aquí:

_{Photo: FlickR/US Mission in Geneva}