Honduras: Debe poner fin a la difamación de personas defensoras de derechos humanos, garantizar su seguridad y legislar adecuadamente para favorecer su protección

16.04.2015

En un momento crucial para la protección de personas defensoras de derechos humanos en el país, ISHR llama a Honduras a que ponga fin a las represalias en contra de defensores/as interactuando con el EPU y a que asegure que la peopuesta de ley para la protección de defensores/as se fortalezca antes de aprobarse.

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(Geneva) - ISHR hace un urgente llamado al Estado hondureño a poner fin a la ola de estigmatización contra defensores/as de los derechos humanos, que pareciera constituir una represalia por haber ejercido su derecho a interactuar con el proceso de Examen Periódico Universal (EPU). ISHR también se unió a otras organizaciones de la sociedad civil para exigir que el Congreso hondureño incorpore las observaciones hechas por la sociedad civil sobre el proyecto de ley para la protección de los defensores y defensoras, que actualmente se encuentra en riesgo de ser aprobado en su versión más débil, contraviniendo los comentarios de la sociedad civil.

En una carta pública al Presidente del Congreso, ISHR (aqui en inglés) - junto con la Red Nacional Defensoras de DDHH Honduras, CEJIL, Jass y Protection International - felicitó el previo esfuerzo del Congreso para involucrar a la sociedad civil en el proceso de elaboración del proyecto de la Ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Sin embargo, los defensores/as locales y las ONG internacionales advirtieron que la ley sería ineficaz de ser aprobada en su estado actual, sin tomar en cuenta las observaciones hechas por la sociedad civil.

En previas ocasiones, tales como en el documento informativo para el próximo EPU sobre Honduras, ISHR ha recomendado la incorporación de las observaciones hechas por la sociedad civil al proyecto de ley de protección de defensores/as.

"En el contexto del EPU, el Estado hondureño tiene una oportunidad importante para demostrar su compromiso con la seguridad y protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos", dijo el Director de Comunicaciones e Incidencia de ISHR, Ben Leather. “Sin embargo, este proyecto de ley es insuficiente. Los actores internacionales saben que únicamente una ley que incorpore las aportaciones y observaciones de la sociedad civil y de quienes defienden los derechos humanos será eficaz y que una ley debilitada es igual de nociva que la falta de la misma”. Además de la nueva carta, las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos habían proporcionado una lista de recomendaciones al Congreso en agosto del año pasado, agregó el Señor Leather.

La mencionada posibilidad de que se apruebe una ley ineficaz sucede en un contexto de represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos que buscan usar el EPU para exigir una mejor protección de los derechos humanos. Honduras será examinado en mayo bajo este mecanismo por lo que defensores/as viajaron a Ginebra la semana pasada para participar en los pre-sesiones del EPU, provocando una oleada de declaraciones difamatorias por parte de funcionarios públicos y periodistas, los que sugieren que los activistas tratan de denigrar el país, debilitar al Gobierno y hacer dinero a través de su acciones.

Ante un similar ambiente de represalias en Venezuela, los funcionarios hondureños sugirieron también que la participación de la sociedad civil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington es la evidencia de los mismos intereses ocultos. Entre los que hacen los comentarios difamatorios se encuentran el Ministro de Asuntos Exteriores, personal de la Presidencia y grandes periódicos nacionales. Muchos comentarios se refieren explícitamente a la participación de la sociedad civil en el proceso del EPU.

“La participación de defensoras y defensores de derechos humanos es fundamental para el proceso del EPU ", dijo el Sr. Leather. "Esta ola de estigmatización es una amenaza para la seguridad de personas defensoras. Hacemos un llamado urgente al Estado de Honduras a cumplir con sus obligaciones internacionales, para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente contra las represalias. La estigmatización debe cesar, los culpables deben ser sancionados, y se deben tomar medidas para proteger a las personas en riesgo. El mundo está observando”, añadió.

“El Estado de Honduras tiene una obligación clara bajo derecho internacional - incluyendo la Resolución 25/18 del Consejo de  Derechos Humanos - de crear un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora es un momento crucial para reflejar  ésta obligación en Honduras: el Estado debe actuar con urgencia, tanto para combatir las mencionadas represalias como para garantizar la aprobación de una ley fuerte y eficaz para la protección de los defensores de derechos humanos, en lugar de la actual versión debilitada', concluyó el Sr. Leather.

La carta dirigida al Congreso resalta las siguientes preocupaciones en la actual versión de la ley:

  • El Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos no tiene las características de autonomía funcional necesarias para un mecanismo de esta naturaleza. La sociedad civil ha sostenido que es necesario que dicho órgano sea una instancia nacional constituida como un órgano desconcentrado de la Secretaría en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización que goce de independencia funcional, administrativa y presupuestaria.
  • La conformación del mecanismo de protección de los defensores y defensoras contempla la participación de militares. La sociedad civil ha demostrado que el ejército no está preparado para la protección de los activistas, ni es el cuerpo idóneo para garantizar la seguridad de los beneficiarios, además de que no cuentan con mandato constitucional para hacerlo.
  • La representación de defensores/as de derechos humanos en este mecanismo se ha reducido de cinco a dos personas, y ha sido condicionada a su previa acreditación por el comisionado nacional de derechos humanos (CONADEH). Por lo tanto, la supervisión por parte de la sociedad civil independiente se ve drásticamente limitada.
  • La representación de los jueces, magistrados y administradores de justicia en el mecanismo también se ha visto delimitada de una forma arbitraria.

ISHR y otras organizaciones no gubernamentales locales e internacionales estarán alentando a otros actores - como Relatores de la ONU y otros Procedimientos Especiales, la comunidad diplomática en Honduras y el Presidente del Consejo de Derechos Humanos- para actuar de acuerdo a sus responsabilidades y plantear las cuestiones mencionadas ante las autoridades del Estado de Honduras, así como tomar medidas para respaldar a las y los defensores locales.

Para más información, contactar a Ben Leather al correo b.leather@ishr.ch       

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  • Latin America and Caribbean
Topic
  • Human rights defenders
  • Reprisals and intimidation
  • United Nations
Mechanism
  • Universal Periodic Review
Country
  • Honduras