El rol de las y los defensores de derechos humanos en la mejora de las cadenas de suministro

27.10.2015

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Ginebra – Por Michael Posner, Profesor Jerome Kohlberg de la Escuela de Negocios Stern de la NYU

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Ginebra – Por Michael Posner, Profesor Jerome Kohlberg de la Escuela de Negocios Stern de la NYU

Este año, el tema del Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos será “Medir el Progreso y Asegurar la Coherencia”.  Este Foro marca el cuarto aniversario de los Principios Rectores de la ONU, un buen momento para hacer un balance en el campo de las empresas y derechos humanos. Los organizadores del Foro han observado acertadamente que, si bien ha habido avances desde 2011, “queda mucho por hacer para que las declaraciones y compromisos sobre políticas públicas se traduzcan en acciones y para garantizar a las víctimas de abusos de derechos humanos vinculados a empresas el acceso a recursos efectivos”. Un área que actualmente requiere mayor atención es la de los problemas de derechos humanos en las cadenas de suministro globales. Un elemento esencial de este esfuerzo es lograr una mayor transparencia, tarea en la que las y los defensores de derechos humanos tienen un papel vital que desempeñar.

Desde principios de la década de los 90s, las cadenas de suministro globales han sido alimentadas por la rápida expansión de las economías de mercado, la liberalización del comercio y los avances en las tecnologías de transporte y comunicación. La expansión de las grandes cadenas mundiales de suministro se dio en la industria manufacturera, la agricultura, la pesca y otras industrias. Este modelo ha traído numerosos beneficios económicos para la producción industrial, reduciendo drásticamente los costes y haciendo que un volumen mucho mayor de productos y materias primas se encuentre disponible en plazos más reducidos. La expansión de estas cadenas de suministro también ha generado millones de nuevos puestos de trabajo, ayudando a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza extrema.

Sin embargo, el rápido crecimiento de las cadenas de suministro también atrajo nuevos retos, sometiendo a muchas de las personas que trabajan en estas industrias a la explotación y a condiciones inseguras de trabajo que no cumplen con los estándares internacionales de derechos laborales. Los gobiernos anfitriones, los países en los que se realiza el trabajo, tienen la obligación primordial de proteger a trabajadores y trabajadoras; sin embargo, con demasiada frecuencia carecen de la voluntad o capacidad de proteger a su propia gente. En la economía global actual, altamente competitiva, muchos de estos gobiernos flexibilizan las normas laborales y su aplicación, en un intento por atraer oportunidades comerciales con las marcas internacionales. En muchos lugares, también buscan silenciar, atacar o estigmatizar a los movimientos sindicales organizados y a defensores y defensoras de derechos humanos, que son percibidos como un obstáculo a los esfuerzos gubernamentales por atraer a las empresas transnacionales para hacer negocios en sus países.

Debido a la ausencia de una fuerte regulación gubernamental sobre estos lugares de trabajo, las marcas internacionales y minoristas han tenido dificultades para definir lo que los Principios Rectores llaman “responsabilidad de las empresas de respetar” los derechos humanos. Empresas de diferentes industrias han dado sus primeros pasos para enfrentar estos problemas, desarrollando metodologías diversas para tal fin. Muchas de ellas han elaborado códigos de conducta y programas de monitoreo, empleando un modelo de vigilancia de sus principales proveedores. Otras se han centrado en las iniciativas privadas de desarrollo de capacidades, destinadas a mejorar los sistemas de gestión interna de los proveedores. Algunas han adoptado esquemas de certificación, que combinan la vigilancia y el desarrollo de capacidades. Si bien cada uno de estos métodos ha producido algunas mejoras puntuales, ninguno ha abordado con éxito los problemas más graves o sistemáticos de derechos humanos en sus cadenas de suministro, como los problemas de seguridad en las fábricas de Bangladesh, el maltrato de los trabajadores de la industria pesquera tailandesa, el trabajo infantil en la producción de cacao en África Occidental o los problemas asociados con la extracción de minerales de conflicto en el Congo.

Es necesario avanzar hacia un nuevo enfoque de las cadenas de suministro, el cual debe basarse en: 1. un abordaje de estándares específicos para cada industria; 2. una evaluación de los diferentes riesgos que podrían suscitarse en toda la cadena de suministro; 3. un nuevo modelo de medidas de reparación que distribuya los gastos y compromisos entre los actores públicos y privados; y 4. la coordinación con defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y representantes de la comunidad, tanto en la elaboración de normas como en la supervisión de su aplicación y cumplimiento.

Cada tipo de industria necesita trabajar con otros actores clave para desarrollar estándares y medidas de derechos humanos comunes que establezcan una línea de base sustantiva y clara para su industria. Estas normas deben ser aplicadas a lo largo de las cadenas de suministro de la empresa en su totalidad, incluyendo a todos los que contribuyen para el valor final de sus productos o materias primas. Al monitorear todo ese proceso, debe hacerse una distinción entre la visibilidad y la responsabilidad. Para las empresas, el objetivo debe ser visibilizar y conocer el alcance total de sus operaciones y las de sus contratistas y subcontratistas, reconociendo que el contar con tal transparencia, no significa que deban asumir la plena responsabilidad por los gastos de todas las medidas de reparación. Las y los defensores de derechos humanos y representantes de trabajadores y trabajadoras tienen un rol crucial por desempeñar, tanto al ayudar a darle forma a estas normas como al garantizar una total transparencia. Mientras lo hacen, deben estar protegidos contra el acoso o la persecución, con el fin de que puedan desempeñar este papel primordial.

Por último, una vez que se hayan establecido los riesgos y los costos reales, se debe desarrollar un nuevo modelo de medidas de reparación, que reconozca la responsabilidad compartida de las marcas internacionales, proveedores locales, gobiernos locales y extranjeros, instituciones financieras internacionales y la filantropía privada. Solamente con la distribución de costos entre las instituciones públicas y privadas clave es que se logrará abordar de una manera significativa los desafíos más graves e importantes de derechos humanos en las cadenas de suministro.

Michael Posner es el Profesor Jerome Kohlberg de Ética y Finanzas y Co-director del Centro de Empresas y Derechos Humanos de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Miembro de la Junta Directiva de ISHR, fue Secretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos y Trabajo de los Estados Unidos. Síguelo en Twitter en @mikehposner

 

En los días y semanas previas al Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos por expertos emergentes incluyendo a personas defensoras de derechos humanos, a representantes de la ONU, a diplomas, a empresas y a ONG internacionales. Cada artículo incluirá un análisis del importante papel de las personas defensoras de derechos humanos y estará recopilado en una edición especial del Human Rights Monitor de ISHR, que se lanzará en inglés, francés y español el 9 de noviembre. Los puntos de vista expresados son personales y no necesariamente representan la posición de ISHR.