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El Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado una reunión informal para considerar el deterioro de la situación política y la crisis humanitaria en Venezuela, sobre si todo ello constituiría una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Convocando a líderes regionales, funcionarios de la ONU y actores de la Sociedad civil a la mesa, la discusión refleja la creciente preocupación compartida por muchos acerca de la situación en Venezuela y mayor enfoque de la ONU sobre el tema.
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Como explica Janice Lopez de ISHR , esta no es la primera vez que el Consejo de Seguridad ha tenido en consideración la situación en Venezuela. En mayo, durante una sesión a puerta cerrada, Estados Unidos habló sobre una ‘seria inestabilidad’ en el país, temiendo la necesidad de tomar medidas preventivas firmes para evitar una situación como la de Siria, Burundi o Myanmar.
‘Las circunstancias solo se han agravado durante 2017’, afirma Lopez, ‘y por ello Estado Unidos e Italia celebraron la reunión con arreglo a la fórmula Arria este mes’.
Una reunión ‘fórmula Arria’, se trata de una reunión informal celebrada por uno o varios miembros del Consejo de Seguridad destinada a informar a los miembros sobre un tema que puede o no formar parte de su agenda formal. La sesión informativa incluye la participación de representantes de la Sociedad civil que proporcionan relatos de primera mano sobre la situación en el terreno.
Presionando la necesidad de tomar acciones al respecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein expuso por qué la agitación en Venezuela es pertinente para el Consejo de Seguridad. Destacó que las presiones migratorias resultantes podrían poner en peligro el proceso de paz en Colombia. Tales preocupaciones fueron también expresadas, por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia . Julio Henriquez del Foro Penal y del Programa Refugee Freedom junto con Joseph Donnelly de Caritas Internacional apuntaban que tales niveles de migración fueron provocados por el alto nivel de pobreza (un 82%) e inflación (al 60%) en Venezuela, con cientos huyendo a los países vecinos.
Además, Zeid Ra’ad Al Hussein hizo referencia a las conclusiones del Informe de Agosto presentado por su Oficina sobre Venezuela, el cual concluye que las autoridades nacionales habían cometido presuntos crímenes contra la humanidad al tartar con manifestantes, en el periodo comprendido entre abril y junio de 2017. El Alto Comisario hizo sonar la alarma ante la profunda preocupación de los hallazgos en el Consejo de Derechos Humanos en septiembre, describiendo que las violaciones se estaban llevando a cabo con el aparente objetivo de ‘reprimir la disidencia política e infundir el miedo’.
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se centró en las elecciones políticas como sustentadoras de la crisis. ‘Venezuela es el único país miembro de la Organización de Estados Americanos que ha desmantelado el estado de derecho convirtiendo el autoritarismo en su forma de gobierno’, anotaba. Para Almagro, solo hubo una respuesta adecuada en una situación donde la democracia en un estado miembro se ve perjudicada por una alteración inconstitucional del régimen: la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
‘La Democracia no es una opción. Es una obligación legal’, dice Almagro.
A pesar de la gravedad de los hallazgos y conclusiones compartidas por los panelistas, los Estados de la región que asistieron a la reunión se vieron divididos sobre su consideración acerca de la utilidad del enfoque en Venezuela. Mientras que Uruguay expresaba su apoyo, Bolivia señaló que la discusión en el Consejo de Seguridad fue más bien un obstáculo que una ayuda.
‘El carácter mixto de las reacciones muestra una vez más que, en las Américas, los Estados siguen divididos sobre la respuesta ante la situación de Venezuela’, explica Lopez.
En el mes de junio, los estados miembros de las Organización de Estados Americanos votaron en contra a un proyecto de resolución que, entre otras cosas, habría exigido que el presidente venezolano, Maduro, permita que un ‘grupo de estados amigos’ medie entre los actores relevantes de la crisis. La resolución fracasó, en gran parte, debido a los numerosos países del Caribe que se abstuvieron o votaron en contra del proyecto.
Cuando, en Septiembre de 2017, el Consejo de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de reaccionar ante el informe presentado por el Alto Comisionado sobre los abusos cometidos en el contexto de las protestas, preocupación por la grave y reiterada información sobre la represión de las voces opositoras y de miembros de la Sociedad civil Venezolana fueron expresados por 29 Estados.
Sobre la base de los hallazgos que sugieren ‘la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad’ al tartar con manifestantes, Zeid instó al Consejo a establecer una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
También pidió que el ACNUDH pueda realizar una evaluación exhaustiva de la situación en Venezuela. ‘Si el país confía en que se respeten los derechos humanos, no debería tener problemas para otorgarnos acceso al condado’, agregó.
La reunión con arreglo a la fórmula Arria no contó con la presencia de todos los miembros del Consejo de Seguridad. La embajadora de los Estado Unidos, Nikki Haley, dijo que algunos estados habían intentado cancelas la ‘fórmula Arria’. Sin embargo, también subrayó los pasos que ya se han dado para responder a la situación del país: un embargo de armas por parte de la UE, sanciones impuestas por Canadá y una mayor atención a los crímenes cometidos en Venezuela por la Organización de Estados Americanos, por ejemplo.
Durante la ‘fórmula Arria’, otros estados, como Italia, Francia, UK, Ucrania, Japón, y Suecia, instaron a Venezuela a defender la democracia, cooperar con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y respetar los derechos humanos, haciéndose eco de los comentarios hechos en el Consejo de Derechos Humanos.
A pesar de las reacciones de los Estados, las recomendaciones del Alto Comisionado esperan una respuesta del Consejo de Derechos Humanos.
Mientras tanto, tras más de 20 años durante los cuales Venezuela ha rechazado las visitas de los Procedimientos Especiales a pesar de las solicitudes de varios, el país está aceptando la visita del titular del mandato centrado en ‘la promoción de un orden internacional democrático y alternativo’.
‘Compartimos la preocupación de muchas ONG venezolanas de que la visita actual del Relator Especial De Zayas es un intento de ocultar el hecho de que a los expertos con mandatos que cubren las violaciones más acuciantes de los derechos humanos en Venezuela se les niega la entrada”, dijo Helen Nolan de ISHR. “Instamos al Relator Especial a que se reúna con la sociedad civil independiente durante su visita y refleje sus preocupaciones en su informe posterior a la misión.’
‘La genuina cooperación de parte de Venezuela se vería mejor si se aceptaran las solicitudes pendientes de 11 procedimientos especiales y el ACNUDH,’ agregó Nolan.
Se puede ver el video de la reunión con arreglo a la fórmula Arria en español e inglés.
Contacto: Eleanor Openshaw, [email protected]
Foto: CommonsWikipedia
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