¿Cómo está el ambiente empresarial en su país? La sociedad civil como barómetro

27.10.2015

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Ginebra – ​Por Maina Kiai, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación

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Ginebra – ​Por Maina Kiai, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación

He aquí un escenario hipotético para emprendedores mundiales en 2015: Imaginemos que usted es un aspirante a empresario que acaba de empezar una empresa - tal vez un hotel - en el país ficticio de Nueva Yorkistán.

Empieza por registrar su nuevo negocio. ¿Suena sencillo? No tan rápido: los funcionarios del gobierno local le dicen que no le pueden ayudar. El registro requiere un acto de la Asamblea Nacional. ¿Sin conexiones? No es su día de suerte.

Pero digamos que usted logra convencer a las autoridades a registrar su empresa. Sólo tienen una condición: usted no puede trabajar en la misma industria que cualquier otra empresa existente.

Lo sentimos, Nueva Yorkistán ya cuenta con otro hotel. No es su día de suerte, de nuevo.

Pero por el bien del argumento, digamos que su hotel es el primero en Nueva Yorkistán y que usted logra dar inicio a sus operaciones. Pero el país es pequeño y pronto se da cuenta que necesita inversiones extranjeras para aumentar su capacidad.

"Claro", le dice el gobierno. "Pero Nueva Yorkistán limita la inversión extranjera para empresas hoteleras al 10% de sus presupuestos anuales de operación - que sea pequeña entonces".

¿Parece una locura? Debería. En estos días, ningún gobierno en su sano juicio restringiría las empresas a tal punto.

Desafortunadamente, estas regulaciones son demasiado reales - son la ley vigente en Nicaragua, Omán y Etiopía, respectivamente. El truco: se aplica sólo a las organizaciones de la sociedad civil, tales como las asociaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas y asociaciones sin ánimo de lucro (o en el caso de la regulación de Etiopía, sólo a asociaciones que trabajan en determinadas cuestiones de derechos humanos). A las empresas se les concede mucho más espacio para operar.

Mientras regulaciones similares a las anteriores pueden haber sido aplicadas hace años también a las empresas, la tendencia es diferente hoy en día: los gobiernos de todo el mundo están haciendo lo imposible para crear el ambiente más favorable posible para el comercio.  Pero muchos van en la dirección opuesta respecto al entorno propicio para la sociedad civil.

¿Por qué la diferencia de trato? Esa es la pregunta que me hago en mi próximo informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual voy a presentar en octubre de 2015. Y cito docenas más de ejemplos donde la sociedad civil está en clara desventaja.

En Malasia, por ejemplo, ciertas asociaciones pueden ser disueltas cuando el titular regulador decida que así sea; "su opinión" es lo único que importa. La disolución de una empresa requiere de una orden judicial.

En Ruanda, una empresa puede registrarse en línea en cuestión de horas a coste cero. El registro de una ONG puede tomar varios meses y el proceso está sujeto a una amplia discrecionalidad gubernamental. Las ONG extranjeras también se enfrentan a un límite de 20 por ciento de gastos generales. ¿Se imaginan la aplicación de esa regla a Microsoft o Shell?

También es visible qué tanta atención los gobiernos le dan a cada sector. El monstruoso número de 40 jefes de Estado asistieron a la última Cumbre de Davos. Ninguno llegó a las ediciones de 2015 de la Asamblea Mundial de CIVICUS o el Foro Global del International Center for Not-for Profit Law, que son eventos similares de la sociedad civil.

La razón de destacar estos ejemplos no es argumentar que está mal que los Estados generen ambientes diseñados para ayudar a las empresas a tener éxito. Más bien, la pregunta es ¿por qué los Estados no pueden hacer lo mismo por la sociedad civil? 

Un cínico podría decir que la respuesta es bastante simple. Un sector ofrece la promesa de crecimiento, desarrollo, y (en un número lamentable de casos) de efectivo en los bolsillos de los funcionarios. El otro ofrece la perspectiva de la implacable crítica pública y se percibe como una amenaza al poder.  Lo cual es quizá la razón fundamental de por qué los medios de comunicación con fines de lucro se enfrentan a retos similares a los de la sociedad civil crítica. Favorecer un sector sobre otro parece una decisión fácil para los gobiernos en estos días. Pero, ¿es la correcta?

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, obviamente no. El derecho internacional protege los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación precisamente por esto. Puede que los gobiernos no siempre se sientan cómodos cuando los ciudadanos se organizan y alzan la voz, pero preservar la posibilidad de las personas de hacerlo es esencial en una democracia.

Tampoco es la decisión correcta desde una perspectiva empresarial.

En donde hay una sociedad civil enérgica, el estado de derecho es más fuerte, la transparencia es mayor y los mercados están menos contaminados por la corrupción. La presencia de una sociedad civil crítica puede ser vista como un barómetro de la confianza y la estabilidad de un Estado - factores importantes para las empresas que buscan invertir su dinero.

De hecho, en la investigación de este informe he encontrado que la presencia de una sociedad civil robusta y expresiva, sin excepción, garantiza que el Estado también posea un buen ambiente para los negocios. En otras palabras, hay una convergencia significativa de intereses: cuando a la sociedad civil le va bien, a las empresas también.

Esto no quiere decir que las empresas y la sociedad civil deban ser tratadas por igual en todos los aspectos. Ellas tienen sus diferencias. En cambio, yo defiendo la "equidad sectorial" - un enfoque justo, transparente e imparcial donde la regulación de cada sector se base en las leyes y estándares internacionales, y no que sea guiada por el dinero, el poder o los caprichos de los oficiales.

Se trata de un enfoque que funciona para ambos sectores, porque se basa en principios compartidos: el estado de derecho sobre el estatuto del poder, la previsibilidad sobre el desorden, la equidad sobre la corrupción. Los entornos estables y equilibrados que toleran la disidencia son mejores para todos, sea usted una corporación multinacional o un colectivo activista de base.

Veo la equidad sectorial como una especie de plan de estímulo tanto para la sociedad civil como para las empresas: elevar el trato anterior produciría dividendos económicos, sociales y políticos significativos para todos. Y lo mejor de todo es que no le costaría a los Estados prácticamente nada. Sólo se necesita voluntad política. Es hora de que las empresas y la sociedad civil trabajen juntas para alcanzar este objetivo.

Maina Kiai es el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación