Apoyando y protegiendo a defensores/as que trabajan sobre las empresas y derechos humanos

14.11.2014

Estados, corporaciones y los mismos mecanismos de la ONU para los derechos humanos pueden, y deben, hacer más para apoyar y salvaguardar el importante pero frecuentemente peligroso trabajo de los defensores/as de derechos humanos quienes trabajan el asunto de empresas y derechos humanos, dice el Relator Especial de la ONU Michael Forst.

En anticipación al tercer Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos escritos por reconocidos defensores/as de derechos humanos y expertos en este area, antes de lanzar una edición especial de su Human Rights Monitor el primer de Diciembre, tanto en inglés como en español. Haz clic aquí para suscribirse a nuestra lista de envío en en español.

Michel Forst, UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders. The original English version of this article can be found here.

Cada vez está más demostrado que muchos de los defensores/as de los derechos humanos cuya dedicación principal es la vigilancia del respeto de los mismos por parte de las empresas o que piden cuentas a las mismas por las violaciones de tales derechos, se ven confrontados a riesgos particulares, restricciones y ataques diversos.

Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han jugado un papel importante al llamar la atención sobre este problema. Si miramos tan solo los últimos meses, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos ha expresado su preocupación respecto a las detenciones de defensores de derechos humanos y a las restricciones sobre la financiación y el registro que sufren las ONGs que se ocupan de empresas y derechos humanos en Azerbaiyán. Además, un grupo de Relatores Especiales, entre los cuales me incluyo, publicó una declaración conjunta que pedía al Estado Australiano de Tasmania la derogación de la propuesta de ley que criminalizaría explícitamente a quienes protestasen contra las actividades de deforestación, agricultura, o industrias mineras.

Los defensores/as de derechos humanos que trabajan en este contexto a menudo sufren amenazas, acoso, intimidación, criminalización, así como ataques físicos. En muchos de los casos, los defensores/as son etiquetados de ‘enemigos del Estado’, ‘anti-gobierno’ o ‘contra el desarrollo’ si se oponen a proyectos que supuestamente apuntan al desarrollo económico. En tales condiciones, los defensores/as que se ocupan del acceso a la tierra, recursos naturales o cuestiones medioambientales, y aquellos que hacen campaña en contra de las evicciones ilegales o forzadas en el contexto de megaproyectos, corren un riesgo particular. De hecho, los defensores/as de derechos relacionados con la tierra y los recursos naturales hacen parte de las categorías de defensores más concernidas por el riesgo de muerte. 

En dichos contextos, las mujeres defensoras son especialmente vulnerables ya que con frecuencia trabajan en comunidades aisladas y tienen que hacer frente a la presión y la violencia, sobretodo de género, que proviene de sus propias comunidades o de sus intereses establecidos. Presuntamente, guardias de seguridad contratados por compañías petrolíferas y mineras han amenazado de muerte, acosado y atacado a defensores/as de derechos humanos durante protestas pacíficas. También se han dado casos en los que las autoridades locales y el sector privado supuestamente han confabulado contra ellos, así como casos en los que compañías privadas han sido cómplices de la comisión de violaciones contra defensores/as. Las comunidades afectadas y aquellas que defienden sus derechos en este contexto necesitan urgentemente protección y acceso a remedios adecuados.

En mi primer informe a la asamblea General de la ONU, que presenté el mes pasado, identifiqué a los defensores/as que se ocupan de las cuestiones de empresas y derechos humanos, conjuntamente con los que se ocupan de los derechos de la tierra y del medioambiente, como categorías de defensores que más se exponen a restricciones, amenazas, y ataques.

Pero las buenas noticias son que la sociedad civil, varios estados y el sistema de derechos humanos de la Naciones Unidas empiezan a responder al fenómeno.

En septiembre del 2013, el Reino Unido se transformó en el primer Estado en adoptar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que incluye compromisos explícitos para la protección y el apoyo a los defensores/as de derechos humanos. Más Estados deben seguir este ejemplo.

Con ocasión de su vigesimosexta sesión celebrada en Junio de este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones sobre empresas y derechos humanos – una dirigida por Noruega, Argentina, Ghana y Rusia, y la otra por Ecuador y Sudáfrica – ambas de las cuales contenían  provisiones que reconocen el papel esencial que juegan las organizaciones de la sociedad civil en promover el respeto para los derechos humanos por parte de las empresas, y en exponer y exigir reparaciones para las violaciones corporativas. Por desgracia, ninguna de las resoluciones supo responder adecuadamente a las peticiones de las ONG por reconocer la agravación de los riesgos y ataques que corren los defensores/as, así como las obligaciones de los estados a apoyarles y protegerles. Tal reconociendo es vital si se quiere conseguir que los defensores/as posean la protección adecuada y que se combata el clima de impunidad por ataques. Una investigación rápida y meticulosa por los ataques sufridos por defensores/as de derechos humanos, ya emanen de autoridades oficiales o de agentes no estatales, seguida por la condenación de los que los hayan perpetrado, son elementos cruciales para crear un ambiente seguro y favorable a su trabajo.

A pesar de este modesto progreso, mucho les queda por hacer a los Estados, las empresas, y el mismo sistema de derechos humanos de la ONU.

Como aludí en mi primer informe a la Asamblea General, les ruego a los Estados que consideren promulgar leyes y normas específicas para implementar de manera efectiva la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos al nivel nacional, y que tanto los Estados de origen como los de acogida incluyan compromisos concretos y medidas de protección para los defensores/as en Planes Nacionales de Acción para Empresas y Derechos Humanos.

También animo a los Estados a que tomen medidas específicas para proteger los defensores/as de derechos humanos que hagan públicas sus oposiciones al trabajo de industrias extractivas o a otros proyectos de desarrollo de grande escala. Los defensores/as tienen el derecho a participar y a exigir un papel en los procesos de toma de decisión. Tienen el derecho a ejercer sus libertades de expresión, de reunión y de protesta pacífica, y también a no ser objeto de estigmatización y etiquetamiento como ‘anti-desarrollo’ o ‘saboteadores de la economía’.

Las empresas también juegan un importante papel en la protección de los defensores/as de derechos humanos y en la consulta y toma en consideración de los mismos con el fin de identificar, mitigar y remediar los efectos adversos de sus operaciones. Las empresas deben respetar el derecho de los defensores y los demás actores de la sociedad civil a protestar contra sus actividades, y no deben obstruir o interferir en las actividades legítimas que emprendan con vistas a ello. Esto también incluye asegurarse de que las compañías privadas de seguridad que hayan contratado no cometan ataques contra defensores/as de derechos humanos o cualquier otro tipo de violaciones de los derechos humanos. En el caso de los inversores, también debería incluir debida diligencia para asegurarse de que no están financiando indirectamente la comisión de tales ataques y abusos.

En lo que a mí me concierne, como Relator Especial sobre la situación de defensores/as de derechos humanos, me comprometo a trabajar en estrecha cooperación con otros Procedimientos Espaciales – entre ellos el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, los Relatores Especiales sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, con quienes ya publiqué el comunicado conjunto sobre la Ley anti-protesta de Tasmania – para asegurarme de que la situación de los defensores/as de derechos humanos que se ocupan de la responsabilidad de las empresas esté tomada en cuenta de manera consistente en los informes, comunicaciones y misiones. También me propongo explorar la posibilidad de una misión conjunta con el Grupo de Trabajo sobre dicha cuestión.

Finalmente, los defensores/as de derechos humanos tienen un papel vital que jugar en la promoción del respeto de los derechos humanos por las empresas, de la responsabilidad corporativa, y del acceso a la justicia para las víctimas de abusos por las empresas. Los Estados, corporaciones y los mismos mecanismos de las Naciones Unidas pueden y deben hacer más para garantizar este importante, pero frecuentemente peligroso, labor.

Michel Forst es el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores/as de derechos humanos. Puedes seguirle en Twitter en @ForstMichel