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El grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tuvo su audiencia abierta en Ginebra el 25 de mayo 2005, para planificar los exámenes de los informes de Kazakhstan, Colombia, la República Democrática del Congo, Argelia, Mauricio y Gabón que se llevarán a cabo en 2009-10. La reunión fue atendida exclusivamente por representantes de ONGs que trabajan sobre la situación de derechos humanos en Colombia. No había ninguna presencia visible de representantes estatales en la reunión.
El grupo de trabajo del Comité recibió cinco presentaciones de
representantes extremadamente bien preparados, quienes proporcionaron
estadísticas detalladas (a pesar del reconocimiento de la dificultad de
recoger datos exactos) y se refirieron a las recomendaciones pendientes
del Comité. Los temas mencionados incluyeron: la falta de reducción de
la pobreza, teniendo en cuenta que el 50% de la población todavía vive
en condiciones de pobreza y el 15% en condiciones de extrema pobreza;
el 30% de disparidad salarial entre hombres y mujeres; las
restricciones al derecho de huelga en la práctica y la violencia contra
los lideres de sindicatos; el hecho de que Colombia es el único país en
America Latina que no garantiza la educación primaria gratuita; el
deterioro de las condiciones de vida de las personas desplazadas
internas (Colombia es el segundo país en el mundo con el mayor número
de desplazados internos); la invisibilidad de las personas LGBT en las
políticas estatales; y el desarrollo de una ‘contra reforma agraria'
con legislación efectiva de desalojo, desaparición de microcréditos,
violaciones al derecho a la alimentación, y una migración creciente a
las zonas urbanas.
El grupo de trabajo del Comité prestó atención específica a
la zona del Pacífico Colombiano, como región con el nivel de vida más
bajo, dónde esta en vigor un bloqueo económico por los actores armados
que ,entre otras cosas, tiene consecuencias severas en la mortalidad
infantil, y donde los derechos de la población indígena son violados de
manera permanente.
Las preguntas de los expertos del Comité
incluyeron: si la institución nacional de derechos humanos ha jugado un
papel efectivo en la implementación de las recomendaciones
internacionales; si la sociedad civil ha sido consultada en el proceso
de elaboración del informe estatal; el nivel de implementación del
convenio No 169 de la OIT; y en que medida el Estado colombiano aplica
este Convenio. El Comité concluyó expresando su apreciación sincera por
el trabajo de las ONGs colombianas, reconociendo que sin el cual no
podría llevar a cabo su trabajo.
This is a translation from the English version of this article published earlier.
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